Es la marginalidad, la doble prisión de las personas con discapacidad.
Espero que os parezca interesante. Como siempre podéis leerlo en este enlace de esdiario/Comunidad Valenciana o a continuación, en las lineas que siguen.
La doble prisión de las personas con discapacidad
Considero importante
leer cada día los diarios para mantenerse informado, yo siempre lo he hecho,
aunque reconozco que en los últimos tiempos casi todos son digitales,
básicamente por lo que supone tener al alcance de un clic un buen número de
periódicos, lo que da pie a comparar y valorar, que en esta sociedad de hoy
inundada de fake news o noticias falsas e interesadas es algo que se antoja
casi imprescindible.
Ese hábito, además,
me da la oportunidad de encontrar de vez en cuando historias diferentes e
interesantes, sobre todo una vez que nos salimos de los grandes titulares para
entrar en las pequeñas crónicas, esos rincones escondidos donde la vida se abre
paso con la dificultad de lo cotidiano.
En esta
ocasión fue un reportaje del diario Público el que me llamó la atención. Hablaba
del encarcelamiento de una pareja, un hombre y una mujer unidos en una relación
y originarios de Valladolid. Los dos habían entrado voluntariamente en el penal
de Zuera, en Zaragoza, después de ser condenados. Ella a quince meses de
prisión y 460€ de responsabilidad civil por el juzgado de Málaga; él, a dos
años y tres meses por el de Ponferrada. Ambos habían sido sentenciados por
estafa, por marcharse sin pagar de establecimientos hosteleros. Ambos eran
ciegos.
La mujer era
la primera vez que ingresaba en prisión y padecía, además de la ceguera, trastorno bipolar, alteraciones del equilibrio,
problemas de desplazamiento y fobia a los transportes y a los recintos cerrados;
el hombre, que ya había estado encarcelado antes, sufría pérdida de
sensibilidad en el brazo izquierdo como consecuencia de un ictus.
En agosto de
2019, cuando conocí la noticia, llevaban dos meses en la enfermería ayudados
por presos de apoyo, porque el penal no estaba adaptado para personas con
discapacidad, mucho menos ese tipo de discapacidad, mientras los clasificaban,
previsiblemente en segundo o tercer grado, y decidían si se les asignaba un
módulo o los trasladaban.
Lo que me
llamó la atención fue que a sus dificultades personales se les añadían otras
propias de una cárcel, como la imposibilidad
de ayudarse de bastones para caminar, considerados como armas blancas, también la carencia de espacios
adecuados y de material para actividades de formación o entretenimiento; no tenían
acceso a libros en Braille. En su caso, vivir en el dispensario suponía no
poder relacionarse con otros reclusos, salvo los de apoyo, con lo que el
aislamiento era prácticamente total.
Hoy quise
volver, buscar más información tratando de conocer cómo les iba, y descubro que
en diciembre todavía continuaban en la misma situación y en la misma cárcel, a
pesar de las cortas condenas. Seis meses en su aislamiento del consultorio
médico, sin que las autoridades penitenciarias sepan muy bien qué hacer con
ellos. Encuentro además un blog de CAMPA (Colectivo de mujeres presas de
Aragón) en el que denunciaban que «no les han dado el tercer grado porque no
han abonado la totalidad de la responsabilidad civil impuesta (es requisito
indispensable se tenga dinero o no), y porque en Aragón no existen recursos que
se adapten a las necesidades de Vanessa y Jesús (así se llaman), es decir, un
piso donde puedan establecerse. La ONCE no dispone de viviendas ni de personal
que pueda comprometerse a asistirles si residen en una vivienda por su cuenta».
Yo no sé si
es habitual que estas cosas sucedan, imagino que no aunque uno es ignorante en
estos asuntos, pero me parece cuanto menos llamativo e injusto. No es difícil
imaginar que en cualquier circunstancia normal estas personas ya estarían
disfrutando la semi libertad que otorga el tercer grado, pero no es así porque
son ciegos.
No entiendo
que ganamos como sociedad manteniendo a Vanessa y Jesús aislados del mundo en
una enfermería, y me digo que este es el ejemplo claro de la doble prisión que
conlleva sufrir una discapacidad.
Luego, porque
la inercia me lleva, leo que según un estudio del CERMI (Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad), más de 4.800 de los casi 51.000 reclusos a finales de 2017 tenían
algún tipo de discapacidad; pero que solo dos cárceles, las de Segovia y Estremera, más la catalana de
Quatre Camins (Cataluña tiene transferidas las competencias penitenciarias), disponen
de módulos específicos adaptados para custodiar a presos con este tipo
de disfunciones.
Y que en todo
el estado español no existe ninguna cárcel con módulos adaptados para mujeres.
También que,
según el Defensor del Pueblo, 1.411 de estos presos lo eran por baja facultad
intelectual, con coeficientes entre 50 y 90, este último el límite del
considerado normal. La realidad es que la discapacidad de algunos es muy
evidente, pero la de otros no lo es tanto; hay quienes además de su trastorno
mental tienen añadidas incapacidades físicas o consumen drogas. A otros muchos
se les diagnostica tarde, la mayoría cuando ya están en prisión, después de
celebrado el juicio.
«La cárcel es
un lugar difícil, y estos reclusos muchas veces no tienen recursos intelectuales
suficientes para enfrentarse a los problemas de convivencia que van surgiendo.
Son carne de cañón para otros presos, que los manipulan, abusan de ellos, los
vejan, los usan para recados, les pegan, les roban sus pertenencias, les quitan
el dinero… “—escribe Mónica Ceberio en un estupendo reportaje en el País sobre
el Módulo Polivalente 2 del presidio de Estremera, en Madrid, donde conviven 16
internos con discapacidad mental y 4 de apoyo.
Quizás es por
esa indefensión que el propio Defensor del Pueblo haya pedido al Ministerio de
Justicia legislar para cambiar las penas de cárcel por “medidas de seguridad”
para las personas con esta problemática.
Ya sé que
algunos pensarán que los que están entre rejas, sean discapacitados o no, son
unos delincuentes a los que habría que encerrar y tirar la llave al mar
(supongo que los convencidos de poder lanzar la primera piedra), que hoy día
está todo excesivamente radicalizado y con la sensibilidad que parece quebrarse
a la menor discrepancia. Es verdad que quien comete un delito debe pagar su
deuda, así debe ser, pero no es menos cierto que existen otras fórmulas como
los trabajos sociales, sobre todo para que ese pago no venga con intereses añadidos
simplemente por sufrir alguna deficiencia intelectual, física o sensorial.
Porque si en
la calle existe discriminación y marginalidad por el hecho de tener una
discapacidad, que no será en una prisión donde impera sin piedad la ley del más
fuerte.
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